Licencia para matar

Mucho se habla de los métodos expeditivos del sempiterno ocupante del Kremlin. El ex agente de la KGB Vladimir Putin lleva años que se arroga su licencia para matar disidentes, a veces con cantidades desmesuradas de plutonio, sin que su crédito entre la población rusa haya mermado (es un héroe) ni la comunidad internacional se lo haya recriminado más allá de puntuales protestas.  La lista de crímenes que cometen abiertamente los estados, conculcando sus propias leyes, daría para todo un libro, y hasta los que ostentan mayor pedigrí democrático los cometen, y ahí podemos situar a Francia con el hundimiento mediante cargas explosivas del Rainbow Warrior, buque insignia de Green Peace por su oposición a las pruebas nucleares de Muroroa, o, más recientemente, su colaboración necesaria en el asesinato del líder libio Muammar El Gadafi con el que el gobernante de turno, Nicolás Sarkozy, tenía una deuda económica (Gadafi contribuyo espléndidamente a su campaña presidencial) que evidentemente no satisfizo a su acreedor.

Algunos estados esas operaciones encubiertas las hacen muy bien (no llegan al conocimiento del público) y otros, sencillamente, se ufanan de ellas (Margaret Thatcher se arrogó el asesinato de tres activistas del IRA en Gibraltar con la frase de “Yo disparé”, y el asesinato político forma parte del ADN del Mossad israelí desde su fundación). En España el gobierno socialista del PSOE dio luz verde a la creación de un grupo terrorista, los GAL, que se cobró un número considerable de víctimas en el entorno del grupo terrorista ETA: al terrorismo había que combatirlo con sus propios medios, era su divisa.

No menos expeditivo, y delictivo, es el comportamiento de Estados Unidos a lo largo de su historia. La involucración, directa o solapada, de sus servicios secretos en actos terroristas llevados a cabo fuera de sus fronteras contra sus enemigos o su implicación en golpes de estado o en adiestrar a grupos paramilitares  no dejan lugar a dudas. Hay que reconocer que casi son preferibles algunas de esos asesinatos selectivos (la moral ha cambiado en los últimos años y ahora se reconoce abiertamente que se asesina sin ningún desdoro) a guerras, invasiones o destrucciones sistemáticas de países a los que nos tiene acostumbrados la primera potencia.

Contra lo que pueda parecer, el actual y controvertido ocupante de la Casa Blanca mata poco si lo comparamos con su predecesor republicano George W. Bush que tiene sobre su conciencia, en el caso dudoso de que la tenga, la responsabilidad de unos cuatrocientos mil muertos, incluidos cuatro mil norteamericanos, sacrificados por una serie de burdas mentiras y engaños, o con el demócrata Barack Obama (muy aficionado al asesinato a distancia mediante drones), pero su primer asesinato reivindicado, el del general de la Guardia Republicana Iraní Soleimani, ha estado a punto de desencadenar un conflicto bélico de proporciones considerables y ya ha se ha cobrado 176 víctimas colaterales con el derribo, por error, del avión ucraniano por parte del sistema defensivo iraní.

Contrasta la impunidad delictiva con que actúan los gobiernos, que acostumbran a no recibir  ningún tipo de condena judicial propia ni ajena (en España fue condenado un ministro y un secretario de interior, que fueron indultados a los dos meses, y al tribunal de La Haya van los que ya no ostentan poder como Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic o Ratko Mladic) frente a los ciudadanos de a pie que, si cometieran esos delitos atroces que perpetran sus dirigentes, recibirían muy duras condenas. El problema es que este tipo de actuación, que debería repugnar a la conciencia ciudadana, se acepta ya como algo normalizado e inevitable con el mantra de todo el mundo lo hace. Y así va el mundo, sin patrones morales de ningún tipo ni más divisa que la ley del más fuerte.