La universidad más antigua del Perú, San Marcos, está dividida y eso ha traído muchos problemas a miles de sanmarquinos quienes pugnan por encontrar la ruta más viable de orden.
Las universidades peruanas están en pleno proceso de cambio. La reforma de la Ley Universitaria ha traído consigo una serie de controversias y hasta sentimientos encontrados. Durante muchos años la educación universitaria ha operada de forma independiente, lo cual no quiere decir que sea negativo, siempre que no esté regulada por leyes de mercado y de intereses políticos. Las consecuencias fueron diversas, pero, entre las más graves, ha llevado a la creación de una pseudoeducación que trajo egresados sin la exigencia que deberían tener.
Hoy, con la aprobación de la Ley Universitaria en el Perú, el Estado retoma su rol rector en las universidades, lo cual ha sido visto por muchos como una pérdida de independencia. Quienes lo asumen de ese modo, han encontrado en la ley una amenaza a la autonomía de gestión, de gobierno y, sobre todo, una amenaza a la autonomía académica. Los defensores de la ley afirman que esta solo busca proteger el derecho que tiene todo estudiante a una educación de calidad durante toda su carrera universitaria e incluso más allá de ella.
Hace ya varios meses atrás se publicó el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria). Este reglamento ha permitido que esta entidad tenga una herramienta para exigir, de todos modos, el cumplimiento de la Ley Universitaria. La disposición se realiza a través de sanciones y otras acciones administrativas en caso fuese desestimada.
Para Ada Gallegos, Directora ejecutiva de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP) “la autonomía de las universidades consagrada en la Constitución, protegidas por la libertad de pensamiento, independiente de cualquier poder político de turno, ya no lo es más. Ahora está siendo abiertamente violentada provocando conflicto y divisionismo en las universidades. Los grandes olvidados una vez más son nuestros estudiantes con la ansiada calidad de la educación por el fracaso de esta nueva ley”.
Las disposiciones de la Sunedu también han impactado en una de las universidades peruanas que tiene más historia en el Perú. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha sido una de las últimas en adecuarse a la nueva Ley Universitaria. Ha resistido y, en realidad, resistió casi dos años y con dos convocatorias fallidas para elegir a la asamblea estatutaria: una en junio de 2015 que se suspendió por una presunta auditoría al SUM (Sistema único de Matrícula). En la segunda convocatoria, innecesariamente distante, en noviembre de 2015, tampoco se concretó. Tuvo que ser la Sunedu quien pusiera el plazo del 31 de diciembre del año pasado para que Pedro Cotillo deje el rectorado, un cargo al que se resistía a abandonar bajo cualquier circunstancia.
Según declaraciones de Kenneth Delgado, Vicedecano de Investigación y Posgrado de Educación, “San Marcos atravesó una fuerte crisis institucional al haber sido capturada por una mafia que controlaba diversas facultades, desde la Facultad de Farmacia, primero, y del Rectorado, después. Un personaje ha personificado esa dominación, un mediocre y anodino docente universitario: Pedro Cotillo”.
La situación se tornaba complicada y eso traía implicancias en el influjo de la universidad. Desde el rectorado se pretendió controlar a la oposición. Cotillo presentó su propia ley, un reglamento disciplinario para reprimir a los estudiantes contestatarios y usó a sus operadores para armar un movimiento estudiantil y de docentes, según los más allegados a la situación política sanmarquina, a cambio de prebendas.
El doctor Delgado afirma que “el proceso electoral siempre, o casi siempre, fue controlado por la mafia gracias al comité electoral organizado de acuerdo a los intereses de Cotillo. Las listas debían presentarse completas para condicionar que prevalezcan los intereses de la corrupción. Por ejemplo, durante los últimos años se aceleraron los mecanismos de graduación. Se sabe, a modo de ejemplo, que en la Facultad de Educación se graduaron cientos de maestros y doctores allegados al poder de turno, sin los requisitos de rigor, muchas veces”.
El Ministro de Educación ha sido claro sobre este tema. Para Jaime Saavedra, la “Ley Cotillo” no era válida “porque ya estamos en una ruta ordenada de reforma universitaria. Un grupo muy grande de universidades públicas se han ido adecuando a la ley, han elegido a sus nuevas autoridades y otras están en proceso de elección. Todas las universidades ya adecuaron sus estatutos, excepto San Marcos. Entonces, el proyecto que se quiere aprobar es un vulgar retroceso que favorece a un grupo pequeño de rectores que no quiere cumplir con la ley”.
Finalmente, Cotillo no está más en el rectorado sanmarquino, pero los rezagos de esa turbulencia política todavía golpean los recintos universitarios. San Marcos está dividida y eso ha traído muchos problemas a miles de sanmaquinos, quienes pugnan por encontrar la ruta más viable de orden y recuperación de la universidad. Hoy, la ley está en marcha a pesar de que muchos advierten el innegable riesgo a la violación de la autonomía universitaria. Sin embargo, hay muchos otros temas que tendrían que aclararse para evitar discrepancias que solo dilatan un camino que resulta inminente. El tiempo dará la razón o cuestionará la reforma. San Marcos espera.
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