El Tribunal Supremo estremeció a fines de junio el escenario político y social estadounidense. Primero, el 23 de ese mes, anuló una ley del estado de Nueva York que restringía el porte de armas de fuego en la vía pública. Luego, el 24 de junio, doblando la cerviz ante el clamor de conservadores y religiosos, derogó la sentencia del caso Roe versus Wade, que en 1973 estableció la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, el aborto, como un derecho constitucional. Con esta decisión, el Tribunal Supremo hizo retroceder 50 años el reloj de la historia y asestó un duro golpe a los derechos de las mujeres.
Más adelante, por si fuera poco, el Alto Tribunal suprimió la capacidad de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de regular las emisiones de carbono de las plantas energéticas existentes. Es un duro golpe al gobierno de Joe Biden, pero sobre todo al medio ambiente, muy maltratado por las irresponsables políticas empresariales de explotación de los recursos naturales y fomento disparado del consumismo.
El Tribunal Supremo dio un paso acertado al permitir a la Casa Blanca eliminar la política del gobierno de Donald Trump de devolver a México a inmigrantes no mexicanos después de haber cruzado el río Grande, en espera de sus audiencias ante los tribunales de inmigración estadounidenses. Es una victoria para Biden y para los inmigrantes, pero las otras tres medidas draconianas –los fallos sobre el aborto, el porte de armas y el medio ambiente– opacan el triunfo en materia migratoria.
El fallo sobre el porte de armas causó una conmoción nacional porque se teme que pueda aplicarse a otros estados como California, Hawái, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y Rhode Island.
La votación del Alto Tribunal fue de seis a favor y tres en contra. El juez Clarence Thomas, en representación de la mayoría, dijo que la Segunda Enmienda de la Constitución protege el derecho de los individuos a llevar armas fuera de sus hogares para su defensa propia, y que por lo tanto las restricciones en Nueva York son inconstitucionales.
El presidente Joe Biden se manifestó “profundamente decepcionado” por el fallo del Tribunal Supremo. Y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que es “escandaloso que, en un momento de debate nacional sobre la violencia armada, la Corte Suprema haya anulado imprudentemente una ley de Nueva York que ponía limitaciones a quienes pueden llevar armas ocultas”.
Solo horas después del fallo del Tribunal Supremo, el Congreso nacional aprobó un proyecto de ley de control de armas. Es el primero que se aprueba en el Capitolio en casi 30 años, y se produce tras dos matanzas cometidas con fusiles automáticos AR-15, una en un supermercado de Buffalo, en el estado de Nueva York, y otra en una escuela primaria de Uvalde, en Texas.
La medida fue aprobada en el Senado por 65 votos a favor y 33 en contra, y en la Cámara de Representantes por un margen de 234 a favor y 193 en contra. Ordena una verificación de antecedentes más estricta para los compradores de armas menores de 21 años (los asesinos de Buffalo y de Uvalde tenían 18 años); destina 15.000 millones de dólares para programas de salud mental y mejoras de la seguridad en las escuelas; prohíbe vender armas a los condenados por maltratar a sus parejas sin estar casados, y exhorta a los estados a implementar leyes para despojar de sus armas de fuego a los que sean considerados una amenaza para la sociedad.
Este año ha habido más de un tiroteo masivo por día en Estados Unidos, y casi 21 000 personas han muerto por arma de fuego, entre homicidios y suicidios. En el país hay más armas en circulación que habitantes. Ante esas cifras, el proyecto de ley aprobado en el Congreso es muy débil. Aun así, los partidarios a ultranza de la posesión de armas, encabezados por la Asociación Nacional del Rifle (el brazo propagandístico y de presión en el Capitolio de los fabricantes y vendedores de pistolas y fusiles), han puesto el grito en el cielo.
Sus demandas encuentran un oído receptor en el Tribunal Supremo, que tiene una mayoría conservadora de seis jueces frente a tres con posturas más liberales. Durante su mandato, el expresidente Donald Trump se aseguró de nombrar a magistrados con posiciones conservadoras y religiosas extremistas que han alejado a la corte del estadounidense promedio. Pero no hay que culpar solamente al exmandatario: desde 1969, de 18 jueces del Tribunal Supremo confirmados, 14 han sido nominados por presidentes republicanos y cuatro por demócratas.
La balanza del alto tribunal se ha inclinado muy a la derecha, como demuestran sus recientes fallos. Uno, el que permite que los individuos anden armados por lugares públicos, sin contar con un permiso, como si estuvieran en un país en guerra. Otro, el que ilegaliza el aborto, con todas las consecuencias negativas para la salud de las mujeres que esa medida acarrea, especialmente entre las mujeres de minorías étnicas y de bajos recursos, que tienen menos acceso a la atención médica. Y, por último, el que restringe las medidas para reducir las emisiones de carbono y combatir el cambio climático.
Como leí hace unos días en Twitter, “para los jueces de la Corte Suprema, la vida comienza en el momento de la concepción, y termina en un tiroteo masivo”.
Pueden leer mi novela La espada macedonia y mi ensayo Biden y el legado de Trump, publicados por Mundiediciones.
