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Hawái pone en la mirilla la posesión de armas de fuego

El Tribunal Supremo del estado insular opinó que la Segunda Enmienda de la Constitución es obsoleta.

     El Tribunal Supremo de Hawái dio hace poco un paso decisivo contra la irrestricta posesión de armas de fuego por civiles, al declarar que la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece el derecho de portar armas, es obsoleta.

     En el caso contra Christopher Wilson, un hombre arrestado en diciembre de 2017 por llevar una pistola encima en un lugar público, sin permiso de las autoridades, el alto tribunal decidió a principios de febrero que Wilson puede ser encausado.

     Los abogados de Wilson trataron de que la acusación se desestimara, alegando que violaba la Segunda Enmienda de la Constitución. Un tribunal de circuito aprobó la moción de los abogados, pero el estado apeló y llevó el caso al Tribunal Supremo de Hawái, que falló contra Wilson.

     De paso, el tribunal también falló contra los defensores de portar armas en público sin restricciones o con muy pocas restricciones. La enorme cantidad de armas de fuego en Estados Unidos (más de 120 por cada 100 habitantes) es una de las causas de la fatídica frecuencia de tiroteos en el país. Aproximadamente 36.000 estadounidenses mueren cada año por armas de fuego, 25 veces más que en otros 22 países desarrollados. Las cifras hablan, pero los que se benefician con el lucrativo negocio de la fabricación y venta de armas, que deja una ganancia anual de unos tres mil millones de dólares, bombardean a la población con una propaganda constante sobre la defensa propia en la que prácticamente han convertido la posesión de armas en un acto patriótico. Y también religioso, porque los más exaltados afirman que tener armas es un derecho otorgado por Dios.

     Los propagandistas invocan principios de hace casi tres siglos, cuando los colonos norteamericanos se alzaron contra la metrópoli británica para fundar una nación, principios que han quedado obsoletos ante una realidad nueva y completamente distinta a la de fines del siglo XVIII.

     La Segunda Enmienda de la Constitución, ratificada en diciembre de 1791, dice: “Por ser necesaria para la seguridad de un Estado libre una milicia bien regulada, no se restringirá el derecho del pueblo a poseer y portar armas”. Los defensores del porte de armas solo señalan la segunda parte de la declaración, pero la mención de “una milicia bien regulada” no se debe pasar por alto. El propio Tribunal Supremo de Hawái lo dijo claramente en su fallo contra Wilson: la Segunda Enmienda utiliza “un lenguaje de tono militar —‘una milicia bien regulada’ y ‘portar armas’— para limitar el uso de armas letales a un propósito militar”.

     Y la corte agregó: “En cambio, no hay palabras que mencionen un derecho personal a poseer armas letales en lugares públicos para una posible defensa propia”.

     En Estados Unidos —uno de los países donde hay menos limitaciones a la adquisición de armas de fuego— ocurrieron 650 tiroteos masivos en 2023. Un tiroteo masivo se define como aquel en el que cuatro o más personas mueren o sufren heridas de bala. Se ha calculado que el 31 por ciento de todos los tiroteos masivos en el mundo ocurren en Estados Unidos, a pesar de que la nación norteamericana tiene solo el 5 por ciento de la población del planeta. Es además el país desarrollado con la mayor tasa de homicidios con armas de fuego, 22 veces más que en la Unión Europea. Y tiene el 46 por ciento del total mundial de armas de fuego en manos de civiles. La relación entre la facilidad de tener un arma y el alto índice de violencia es evidente.

     “Mientras el mundo cambia —dijo el Tribunal Supremo de Hawái—, no tiene sentido que la sociedad contemporánea jure lealtad a la cultura, las realidades, las leyes y la interpretación de la Constitución de la era de la fundación” de la nación.

     La Segunda Enmienda es obsoleta y el alto tribunal del estado insular en el Pacífico lo ha ratificado. Hawái ha marcado una pauta que todos los jueces, desde los juzgados locales hasta el Tribunal Supremo del país, deberían seguir.

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