La Comisión Municipal de Miami aprobó el martes 17 de junio un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para que los policías locales puedan actuar como agentes de inmigración.
Los comisionados Joe Carollo, Miguel Ángel Gabela y Ralph Rosado votaron a favor de que la ciudad firme un acuerdo 287(g) con ICE, mientras los comisionados Christine King y Damian Pardo votaron en contra. King respaldó su oposición al acuerdo con una afirmación que debe resonar no solo en Miami, sino en el resto del país: “Todos somos inmigrantes”, manifestó la comisionada.
El acuerdo con la temible policía de Inmigración no es solamente una medida administrativa: es un revés y un duro golpe a los valores, la historia y la esencia cultural de una ciudad construida por inmigrantes.
El programa 287(g) permite a los cuerpos de policía locales operar como agentes de inmigración. Ha recibido fuertes críticas de organizaciones de derechos civiles y de miembros de comunidades vulnerables. Con la votación del martes, Miami se suma a una red de jurisdicciones en diversos estados donde las agencias de policía locales pueden ejercer funciones de control migratorio. Esta decisión es muy peligrosa, porque erosiona la confianza entre los residentes locales y la policía, y siembra el miedo en barrios con una numerosa población inmigrante.
Los 67 condados de Florida han firmado acuerdos con ICE bajo el programa 287(g), una cruel paradoja en un estado que siempre ha tenido una numerosa y productiva población inmigrante. Y resulta muy decepcionante que se haya aprobado un acuerdo en Miami, una ciudad donde la mayoría de la población, el 58 por ciento, ha nacido en el extranjero, y donde más del 70 por ciento de los habitantes es de origen hispano, entre ellos el alcalde, Francis Suárez, y cuatro de los cinco comisionados. Como señaló acertadamente Marquis Duncan, un residente que participó en una protesta contra el acuerdo, esta votación representa una “traición cultural”. No hay otra manera de llamarlo: los líderes que deberían defender a sus comunidades están ahora facilitando políticas que excluyen y aterrorizan a muchos miembros de esas comunidades.
Los que apoyan el programa 287(g) argumentan que se trata de una herramienta para “combatir el crimen” y “mejorar la seguridad pública”. Pero varios estudios han demostrado que el índice de criminalidad es mucho menor entre los inmigrantes que entre los nacidos en Estados Unidos. Al mismo tiempo, el uso del programa 287(g) ha llevado a la perfilación racial, al aumento de detenciones injustificadas y a la separación de familias. Además, socava la cooperación de los inmigrantes con la policía, ya que genera el temor de que cualquier contacto, incluso como víctimas o testigos, pueda dar lugar a una deportación.
Muchas personas han llegado a Miami huyendo de regímenes autoritarios, de la violencia, de la pobreza, de catástrofes naturales. Para ellos, el impacto de esta medida es particularmente cruel. ¿Qué mensaje envían los comisionados que aprobaron el acuerdo a los padres que cruzaron fronteras por el bien de sus hijos? ¿A los trabajadores que laboran en los campos, recogiendo las verduras y los frutos que comemos, que limpian oficinas, cocinan en restaurantes, cuidan a los ancianos? Muchos de esos trabajadores son indocumentados, pero han echado raíces en Miami y son una parte integral de nuestra comunidad. Son nuestros vecinos.
La firma del acuerdo con ICE amenaza a los más vulnerables, y degrada la identidad de Miami como ciudad santuario de esperanza y diversidad. Los líderes electos tenían la oportunidad de plantarse con dignidad ante las políticas de miedo promovidas por ICE. Pero decidieron colaborar con una agencia federal que lleva a cabo redadas indiscriminadas y detenciones arbitrarias, no solo de inmigrantes indocumentados, sino hasta de personas con sus papeles migratorios en regla e incluso ciudadanos estadounidenses.
Las diatribas racistas del presidente Donald Trump y de sus seguidores contra los inmigrantes, en un burdo intento por criminalizarlos, no deberían tener eco en Miami. Los inmigrantes forman parte del tejido social y económico de la urbe, y la identidad de una ciudad no puede basarse en el miedo, sino en la justicia y la solidaridad.
Miami no debe ceder sus valores ante los que buscan la división y propician la discriminación. El acuerdo con ICE ignora nuestra realidad y nuestro sello distintivo: somos una ciudad de inmigrantes.
