Parece la trama de una novela policíaca, pero sucede en la vida real.
Agentes federales desmantelaron el martes 9 de abril una estafa multimillonaria al Medicare, el sistema de atención médica para personas mayores de 65 años y discapacitados. Según información de Associated Press del 10 de abril, más de 20 personas fueron acusadas, entre ellas varios médicos que escribieron recetas falsas. Se presentaron cargos contra individuos en los estados de California, Florida, Nueva Jersey, Pensilvania, Carolina del Sur y Texas. Y hay más acusaciones en camino.
El FBI, el IRS (Servicio de Rentas Internas, la entidad que cobra los impuestos en los Estados Unidos) y 17 fiscalías federales participaron en las acciones contra el colosal fraude, que estafó al Medicare unos mil doscientos millones de dólares.
Ciento treinta compañías privadas de equipos médicos están implicadas en el esquema delictivo, que usaba centros de llamadas en América Latina y las Filipinas para comunicarse con personas mayores y ofrecerles productos ortopédicos gratis, todo para obtener sus números del Medicare.
Las ganancias de la estafa se lavaban a través de empresas ficticias en paraísos fiscales y con ese dinero se compraban casas, yates y automóviles de lujo.
Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos, se trata de uno de los mayores fraudes que esa agencia ha visto en su historia. Sin embargo, la desarticulación de esta red delincuencial no pondrá fin al lucrativo fraude, que lleva décadas desangrando los fondos federales.
La estafa al Medicare es como la hidra de Lerna: por cada cabeza que le cortan, le salen dos más. ¿Por qué no se logra erradicar ese delito? Simple: porque el Medicare no es un sistema de salud en sí, sino una bolsa de dinero proveniente de los impuestos con la cual el gobierno de los Estados Unidos paga a las empresas particulares que proveen los servicios médicos. El gobierno no tiene un verdadero sistema de salud, con hospitales públicos y profesionales a sueldo del Estado para atender a los pacientes, como ocurre en el resto de los países desarrollados. En vez de eso, la atención médica para las personas mayores se proporciona a través de firmas privadas que envían facturas al Medicare, es decir, al gobierno, por servicios prestados. En ese tipo de sistema, estafar no es muy difícil. De hecho, los estafadores presentan facturas por servicios que nunca se han prestado, o con precios inflados.
La única manera de eliminar el delito es creando un sistema de salud público que no dependa del sector privado para atender a los pacientes. La creación de ese tipo de sistema –que, repito, es el que existe en todos los países desarrollados excepto en los Estados Unidos– ya tiene un ejército de opositores en su contra. ¿Por qué? Porque la medicina en los Estados Unidos es un negocio muy lucrativo no solo para los estafadores, sino también para las aseguradoras privadas, hospitales, médicos y otros con intereses en el sector. La batalla para establecer un sistema de salud pública será muy reñida, y el triunfo de un sistema estatal exige un cambio en la mentalidad de la mayoría de los norteamericanos, un cambio que ya se perfila en el horizonte electoral, aunque todavía con timidez.
Entretanto, los estafadores seguirán ordeñando a la vaca del Medicare y disfrutando sus ganancias delictivas en mansiones, yates y autos de lujo, mientras la medicina en los Estados Unido no deje de ser un negocio orientado al lucro y vulnerable al delito.
