Estados Unidos es un gran país, eso nadie lo duda, pero su sistema judicial es nefasto, eso tampoco lo duda nadie desde Europa, por ejemplo. En España admiramos de Estados Unidos el rigor con el que persigue los delitos económicos, y nos frotaríamos las manos viendo a una larga fila de banqueros y políticos corruptos entrando en prisión, pero sencillamente nos repugna que se siga aplicando la pena de muerte en este país que en otros muchos aspectos es un referente internacional. La pena de muerte es la forma más extrema de tortura, afirma Amnistía Internacional, y todavía hay una larga lista de países que la practican desoyendo a la comunidad internacional. EE.UU, por voluntad propia y de sus ciudadanos, está en ese selecto club del que forman parte Irán, China, Irak, Egipto y Japón, más un largo etcétera de países que se caracterizan por el poco respeto de los derechos humanos. Un país que sigue aplicando la ley del Talión, como si fuera la Sharia, en sus condenas a muerte, la última de ellas la de un mexicano con sus facultades mentales disminuidas, o que va a juzgar como adulto a un menor de edad detenido por apuñalar a compañeros suyos en una universidad, y lo declara así, sin sonrojo, tiene graves deficiencias democráticas a la hora de aplicar las leyes.
Hace muchos años me involucré, a través de artículos de denuncia en una serie de medios de comunicación de mi país, en la campaña para salvar de la pena de muerte al recluso Joaquín José Martínez, que ya estaba en el corredor de la muerte después de ser condenado en un juicio chapucero en el que le defendió un abogado que no hizo bien su trabajo e incluso se dormía en las sesiones. Al final librarse de una condena a la pena capital en EE.UU se reduce a eso, a tener dinero para contratar los servicios de un buen abogado (el caso Simpson crea jurisprudencia de cómo un asesino se libra de la cárcel gracias a un abogado persuasivo y a un jurado propenso a creerlo). Joaquín José Martínez, víctima de la declaración de su mujer despechada por una infidelidad que declaró haberle oído autoinculparse por teléfono de un doble crimen, fue condenado a muerte sin otra prueba que ésa, es decir, sin pruebas, por el testimonio de un ser dolido y vengativo, y seguramente habría muerto por inyección letal en Florida si no hubiera habido una campaña nacional—el parlamento español se implicó en el caso y envió una comisión formada por tres parlamentarios para pedir un nuevo juicio con las garantías jurídicas pertinentes—para salvarlo de la venganza de una mujer despechada que declaró en su contra y de un sistema judicial deficiente que envía a la muerte tanto a inocentes como a culpables. Se celebró nuevo juicio y Joaquín José Martínez salvó la vida y recuperó la libertad. Muchos otros no tuvieron la misma suerte. Los camposantos de las prisiones están llenos de cadáveres de inocentes que no tuvieron la fortuna de tener unos padres como los de Joaquín José Martínez que removieron cielo y tierra para salvar a su hijo de un sistema judicial, digámoslo claramente, asesino.
Un nuevo caso que afecta a un español, Pablo Ibar, y de nuevo en Florida, hace que me posicione abiertamente contra el nefasto sistema judicial norteamericano que lo ha condenado a muerte sin más prueba que un video borroso y por un supuesto parecido, sin que se haya demostrado la presencia de Ibar en la escena del crimen ni se hayan encontrado pruebas biológicas suyas en las víctimas. Se trata, como en el caso de su compatriota Joaquín José Martínez, de una nueva chapuza judicial contra la que hay que luchar. Ibar pide la revisión de proceso y nuevo juicio a tenor de las numerosas irregularidades que le llevaron a ser condenado: escasa preparación del abogado defensor, entre otras, y ausencia de pruebas determinantes más allá de ese video.
Los hechos por los que Ibar ha sido condenado se remontan al 27 de enero de 1994. Los cuerpos de Casimir Sucharski, de 48 años, y de Sharon Anderson y María Rogers, dos modelos de 25, aparecieron acribillados en casa de Sucharski. Una cámara de seguridad grabó el asesinato, pero en baja resolución y con fuertes contrastes lumínicos. En la grabación se ve a un individuo con rasgos parecidos a los de Ibar efectuando los disparos. Punto.
Pablo Ibar lleva veinte años encarcelado y cuatro en el tétrico corredor de la muerte y su caso, por desgracia, no es excepcional. Su abogado Peter Raben, el mismo que salvó a Joaquín José Martínez de una atroz injusticia, intenta que se celebre un nuevo juicio con las garantías procesales que Ibar no tuvo en los juicios precedentes.
Nadie puede resarcir a Pablo Ibar, en el caso de que salga vencedor de esta rocambolesca y kafkiana pesadilla, de esos veinte años de vida que el estado de Florida le ha robado, no hay montante económico capaz de paliar esa gigantesca herida moral infligida.
Pido un nuevo juicio para Ibar, por supuesto, y la abolición de ese castigo medieval que es la pena de muerte y que en Estados Unidos tiene una crueldad añadida al aplicarse, con frecuencia, veinte o treinta años después de la condena, es decir, cuando el presunto delincuente ya es otra persona, pero también pido castigo penal, sí, penal, para los que tan a la ligera condenan a un hombre a muerte, y la supresión de los jurados, tan fácilmente manipulables por la labia de abogados o fiscales.
*Desde la imagen descarga la novela La Doble Vida
*José Luis Muñoz es escritor. Sus últimas novelas publicadas son La invasión de los fotofóbicos (Atanor Ediciones, 2012), La doble vida (Suburbano Miami, 2013), El secreto del náufrago (Ediciones del Serbal, 2013) y Ciudad en llamas (Neverland, 2013)
