En respuesta a las matanzas en un supermercado de Buffalo, en el estado de Nueva York, el pasado 11 de mayo, y en una escuela primaria de Uvalde, en Texas, el 24 de mayo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles 8 de junio un proyecto de ley sobre control de armas.
La votación se produjo después de testimonios desgarradores de sobrevivientes de la masacre de Uvalde, como Miah Cerrillo, una niña de 11 años que se untó en la piel la sangre de una compañera caída en el ataque para fingir que estaba muerta y salvar la vida. Miah presenció aterrorizada cómo un joven mataba con un fusil AR-15 a 19 niños y dos maestras, mientras inexplicablemente más de una docena de policías esperaron durante una hora en los pasillos de la escuela antes de irrumpir en el aula y abatir al homicida.
La medida aprobada en la Cámara contempla elevar el límite de edad para comprar un fusil semiautomático de 18 a 21 años, y prohibir la venta de cargadores de más de 15 proyectiles. Tanto el asesino de Buffalo, un racista llamado Payton S. Grenton, como el de Uvalde, Salvador Ramos, tenían 18 años de edad.
La Cámara aprobó la propuesta con una votación de 223 a 204, con la mayoría de los demócratas a favor y la mayoría de los republicanos en contra. Eso a pesar de que la medida es sumamente tímida, en un país donde hay más de 120 armas de fuego por cada 100 personas, la nación con más armas por habitantes en todo el mundo. Según la organización suiza Small Arms Survey, los estadounidenses poseen el 46 por ciento de las armas en manos de civiles en todo el mundo.
De cualquier forma, ni siquiera un proyecto de ley tan débil tenía probabilidades de aprobarse en el Capitolio de Washington, ya que los republicanos, que controlan la mitad del Senado, dejaron claro desde el principio del debate que no impondrán restricciones a la venta de armas. En vez de limitar la disparatada adquisición de pistolas y fusiles de guerra, han propuesto mejorar los programas de salud mental, reforzar la seguridad en las escuelas y verificar más los antecedentes de los compradores de armas.
Algunos miembros del Partido Republicano han contemplado medidas impopulares, como que los maestros vayan armados a las clases, o que las mochilas de los estudiantes sean blindadas, para que se puedan usar como escudos contra las balas en un tiroteo. En otras palabras, proponen convertir las escuelas en cuarteles.
A estas alturas ya parece evidente que la respuesta legislativa a las masacres que han conmovido recientemente a la nación será el mismo fracaso de siempre. Tras los rezos y las condolencias de los políticos visitando los lugares de las matanzas, continúa la inercia en el Congreso. El enorme negocio de la venta de armas de fuego, promovido por la Asociación Nacional del Rifle, una organización que defiende y promueve la tenencia de armas y que constantemente influye a los políticos y dona dinero a sus campañas electorales, sigue funcionando a toda marcha. Los que lucran con el comercio mortífero, que genera una ganancia de unos tres mil millones de dólares, no renunciarán a vender su artillería.
Sus voceros seguirán invocando la Segunda Enmienda de la Constitución –que en el siglo XVIII estableció el derecho de los integrantes de las milicias a tener mosquetes y pistolas de un solo tiro– como si fuera un mandamiento sagrado que permite y exhorta a todo estadounidense mayor de 18 años a adquirir y conservar armas de fuego. De hecho, muchos fanáticos de las armas consideran que su tenencia es un “derecho constitucional otorgado por Dios”.
Mientras esa enmienda obsoleta no se derogue, mientras más norteamericanos no miren más allá de sus fronteras y se percaten de que Estados Unidos es la única nación desarrollada donde ocurren tiroteos masivos a diario, precisamente porque es la única nación desarrollada que practica un culto exaltado de las armas, el peligro seguirá presente y conjurarlo será una misión imposible.
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