Venezuela: después del 12 de febrero ya nada volverá a ser como antes

 

El pasado 12 de febrero (fecha conmemorativa del Día de la Juventud en Venezuela), estudiantes de varias universidades convocaron una marcha en Caracas y varias ciudades del país, en protesta por el desabastecimiento y la inseguridad, y en apoyo a los estudiantes de San Cristóbal, capital del estado Táchira, los cuales habían sido objeto, el 4 de ese mismo mes, de una fuerte represión por parte de la Guardia Nacional y de grupos parapoliciales durante las jornadas de protesta que se habían llevado a cabo en esa ciudad en rechazo a la inseguridad de la que estaban siendo víctimas en sus centros de estudio.

La respuesta del gobierno a las protestas de San Cristóbal, que incluyó la detención de numerosas personas, algunas de las cuales fueron pasadas a tribunales, no era un asunto nuevo. Ya, de hecho, desde la semana posterior a la noche del domingo 14 de abril del 2013, en que las autoridades del Consejo Nacional Electoral proclamaron a Nicolás Maduro como presidente electo con una diferencia de un poco más de 200 mil votos, con respecto al opositor Henrique Capriles, se desarrollaron varias protestas que fueron brutalmente reprimidas por la Guardia Nacional. En ciudades como Caracas, Barquisimeto y Valencia, hubo denuncias de detenciones, golpizas e, incluso, testimonios de jóvenes que dijeron haber sido obligados a ponerse de rodillas y gritar consignas a favor de Maduro.

La saña y la impunidad con la cual actuaron los responsables de esas agresiones, marcaría un sombrío antecedente en las actuaciones frente a las protestas, que se recrudecerían durante este año 2014. Esa diferencia de un poco más de un punto porcentual en los resultados electorales creó una percepción de fragilidad en la autoridad de Maduro no sólo en la oposición, sino en el mismo gobierno, que lo ha demostrado con una actitud exageradamente reactiva a cualquier forma de crítica o reclamo ciudadano.

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La marcha convocada en Caracas ese 12 de febrero había culminado con relativa paz hasta que, al final de la misma, ya cuando el grueso de los manifestantes se había dispersado, se suscitó un hecho que aún permanece oscuro: la muerte de dos personas con tiros en la cabeza, en una acción que involucra a una comisión del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia; la policía política), que se hizo presente en el sitio portando armas de fuego. Varias fotos subidas a las redes sociales muestran a efectivos disparando sus armas en esos sucesos. Uno de los muertos era conocido como Juancho Montoya, líder del Movimiento Carapaica, grupo armado afecto al gobierno. El otro, un joven llamado Bassil Dacosta. Nunca se supo que hacían Montoya, a cuyo féretro le rindieron honores hombres encapuchados que vestían prendas militares, y la comisión del Sebin en una marcha opositora.

A partir de ese día, se inició una espiral de violencia que, aunque ha amainado un poco, no se ha detenido. Durante estos poco más de noventa días de protestas, se han contabilizado 44 muertes, más de 3.000 detenciones y más de 100 casos de torturas documentados por reconocidas organizaciones de Derechos Humanos.

Esa cifra de asesinados durante las protestas, que incluye a policías y guardias nacionales alcanzados por armas de fuego en circunstancias no esclarecidas, no refleja el tamaño del drama que representan. Como el caso de Génesis Carmona, estudiante y modelo de 22 años, que recibió un tiro en la cabeza el 18 de febrero, cuando un grupo de motorizados afectos al gobierno llegó al lugar de la protesta disparando contra los manifestantes. O el de Geraldine Moreno (23 años), ocurrido el día siguiente, a quien efectivos de la guardia nacional le dispararon perdigones a quemarropa en la cara, causándole la muerte. O el caso del hombre que murió, el 23 de ese mes, por fractura de cráneo producido por una golpiza de la que fue objeto, por parte de varios efectivos de la guardia nacional. O el de Adriana Urquiola, intérprete de señas para un noticiero de televisión, quien el 23 de marzo se bajó de un bus cerca de su casa, porque la vía estaba cerrada por guarimbas (cierre de calles por parte de manifestantes), cuando pasó un hombre en una camioneta y disparó contra las personas que se encontraban en el lugar. Tenía 28 años y estaba embarazada.

Las decenas de testimonios e imágenes de golpizas, perdigones a quemarropa, bombas lacrimógenas disparadas a las cabezas y el uso de metras (canicas) para recargar los cartuchos de los perdigones, han sido parte del día a día de los venezolanos durante estos tres largos y dolorosos meses.

En medio de este clima de abusos, el gobierno no ofrece señales de atender a las causas de las protestas, ni de entender la magnitud de la crisis. Tampoco, por supuesto, de rectificar su conducta con respecto al manejo de la misma y de la actuación de los órganos de seguridad. Ha optado, al contrario, por mantener un discurso en el que se victimiza anunciando complots, golpes suaves y otras denuncias sin pruebas, mientras criminaliza toda forma de protesta.

Todo esto en el marco de una arremetida contra la libertad de expresión, con acciones como la no asignación de divisas a diarios para la adquisición de papel (algunos han dejado de circular en este formato por esa causa), o la compra de esos medios por personas afectas al gobierno, como es el caso del canal de noticias Globovisión, el cual cambió radicalmente su línea informativa luego de su venta, provocando la salida de muchos de sus periodistas. Igual sucedió con el diario Últimas Noticias, el de mayor circulación nacional.

No conforme con esto, el gobierno no parece confiar en sus aliados y es muy común que emita frecuentes cadenas obligatorias de radio y televisión para imponer su versión de los hechos. O para hacer actos de proselitismo, usualmente en momentos en que comienza una tanda de represión sobre los sectores que se han convertido en centros de las protestas.

Además de eso, de forma arbitraria y amparándose en un Poder Judicial que avala todas sus decisiones, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, destituyó sumariamente a la diputada María Corina Machado (la más votada de todo  el país, con 235.259 votos que representan el 85,28% de su circuito) y, por mecanismos iguales de expeditos e irregulares, fueron destituidos y encarcelados los alcaldes de las poblaciones de San Diego y San Cristóbal (opositores, electos con amplia mayoría) y encarcelado el líder opositor Leopoldo López.

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Vale acotar que 15 años de chavismo en el poder han ido minando sistemáticamente las instituciones, ejerciendo un férreo control sobre los otros poderes públicos y extendiendo la hegemonía de un discurso con clara vocación totalitaria, en el que los insultos a los líderes de la oposición (incluso con elementos homofóbicos) y a su electorado, se han convertido en una forma de entender y ejercer el poder.

Pero, igualmente, durante ese tiempo en el que se han usado los recursos del Estado para influir en elecciones, comprar aliados, diseñar mecanismos de presión (como la tristemente célebre Lista Tascón) y desarrollar un populismo clientelista, con todo el uso descarado e inescrupuloso del poder de un Estado petrolero, el porcentaje de ciudadanos que se considera opositor o que rechaza las políticas del gobierno, la ideología que pretende imponer o la injerencia cubana en aspectos claves del gobierno, no solo se mantiene, sino que experimenta un crecimiento constante.

No es de extrañar. Todo el accionar del aparato gubernamental, lejos de satisfacer las necesidades básicas de la población, agrava su calidad de vida. Las razones que dieron inicio a las protestas (inflación, desabastecimiento de productos básicos y de medicamentos, y una corrupción y criminalidad escandalosas) siguen ahí, agudizándose cada día.

El gobierno se enfoca  en reprimirlas, en lugar de atender a sus causas.

De hecho, la más reciente jugada ha sido un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia que da potestad a las fuerzas de seguridad de disolver cualquier protesta, aunque sea pacífica, que no cuente con el respectivo permiso. Esto busca evitar que los sectores de más bajos recursos (que no han cesado de protestar desde hace años por la pésima calidad de los servicios y la inseguridad) unan sus protestas a las que han liderado los estudiantes.

Pero el gobierno de Maduro, que vive hablando de Paz, no puede garantizarla. En apenas un año de mandato se enfrenta a una población cansada de ver cómo se deteriora su calidad de vida, a una juventud que ve confiscado su futuro, a la pérdida acelerada de su base de apoyo, a una ausencia de hegemonía en la conducción del poder, lo que puede constatarse en el protagonismo que ha tenido en la toma de decisiones el presidente de la Asamblea Nacional y, más recientemente, el ministro del Interior, el general Rodríguez Torres, quienes le han dado el perfil militar que ha mostrado el gobierno durante el corto período que lleva de gestión. Pero, por sobre todo, se enfrenta a una población fogueada en el ninguneo y la descalificación, acostumbrada a luchar con todo en contra, la cual no se ha amilanado con las detenciones, la represión o los ataques de las fuerzas de seguridad y de los (de bajo perfil en estos últimos días) grupos parapoliciales del gobierno.

Sea lo que sea que ocurra a continuación, algo parece estar claro en Venezuela: después del 12 de febrero ya nada volverá a ser como antes. Si el gobierno no atiende los reclamos de la gente (lo cual luce poco probable, ya que insiste en avivar el enfrentamiento y en gastar una fortuna en equipar a sus cuerpos  de seguridad) el descontento seguirá manifestándose en las calles. Usando el lenguaje militar al que son tan afectos los personeros del gobierno: están abriendo demasiados frentes simultáneos para que puedan controlarlos exitosamente.

Doce de febrero. Día de la Juventud. Población mayoritariamente joven. Un país con un futuro borroso. ¿Cómo podrían estas mayorías resignarse a este panorama?

© 2014, Héctor Torres. All rights reserved.

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Héctor Torres

Héctor Torres

Narrador y promotor literario. Autor de los libros de cuentos El amor en tres platos (2007) y El regalo de Pandora (2011), de la novela La huella del bisonte (2008 / Norma y 2012 / Sudaquia Editores) -finalista de la Bienal Adriano González León 2006-, y del libro de crónicas Caracas muerde (PuntoCero, 2012).

Fundador y ex-editor del portal www.ficcionbreve.org. También fue el creador del Premio de la Crítica a la Novela del Año en Venezuela, organizado por Ficción Breve Venezolana. Sus textos aparecen publicados en diversas antologías y muestras de narrativa y ha sido colaborador de diferentes publicaciones, impresas y digitales. Actualmente es colaborador regular de la revista Prodavinci.com y de la edición dominical del diario 2001.