El nuevo gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis, no tardó mucho en mostrar sus verdaderos colores.
En los primeros días de su administración dio pasos para evitar nuevos brotes de algas tóxicas (medidas que deben ser ineludibles en un estado cuya economía depende tanto del medio ambiente como la Florida) y a favor de la marihuana medicinal, medidas que se ganarían el aplauso de cualquier progresista. Pero en materia de educación, DeSantis recibe una baja nota al seguir fielmente la línea ideológica de su partido, que consiste en socavar el sistema de escuelas públicas.
Desde la época en que Jeb Bush fue gobernador del estado, la Florida tiene programas estatales que subsidian a las escuelas privadas. Bush fue un campeón de los vouchers, los vales costeados con fondos públicos con los cuales muchas familias pueden enviar a sus hijos a escuelas privadas. DeSantis quiere seguir los pasos de Bush y hacer más aún, tomando hasta 100 millones de dólares de los impuestos de los contribuyentes para sacar más estudiantes de las escuelas públicas y enviarlos a las aulas privadas.
Los argumentos con que se intenta defender este juego con el dinero público –tanto en la Florida como en otros estados– es que los padres deben tener opciones a la hora de la educación de sus hijos. Y según el dogma, las escuelas privadas son mejores que las públicas, por lo cual hay que hacer todo lo posible por sacar a los estudiantes del sistema escolar del estado.
En realidad, según estudios nacionales, en lo único que las escuelas privadas aventajan a las públicas es en que tienen menos alumnos por aula, debido a que son más exigentes a la hora de aceptar estudiantes, mientras el sistema público tiene que abrir las puertas a todos los niños. En todo lo demás, como la calidad de la educación y los requisitos académicos de los maestros, las escuelas públicas están a la vanguardia. Una prueba: alrededor del 60 por ciento de los estudiantes que utilizan los vales para inscribirse en escuelas privadas, regresan al sistema público al cabo de uno o dos años.
En el fondo estas maniobras de privatizar la enseñanza no tienen tanto que ver con el bienestar de los estudiantes como con favorecer a negocios privados que después apoyarán a los políticos.
DeSantis quiere complacer a su base electoral conservadora, siempre dispuesta a criticar al estado y exigirle que no se meta en la vida de los ciudadanos, excepto cuando los subsidia con fondos públicos. Los conservadores repudian al estado, pero extienden la mano en cuanto el gobierno les firma un cheque o les ofrece exenciones tributarias.
La Constitución de la Florida establece que todo estudiante residente del estado tiene derecho a una educación eficiente, segura y de alta calidad en “un sistema de escuelas públicas gratuitas”. DeSantis y los políticos de Tallahassee deben abstenerse de seguir favoreciendo a intereses privados y de seguir engañando a los padres con el cuento de las “opciones”. En vez de esas maromas con los fondos estatales, deben dejar de subsidiar al sector privado y fortalecer con el dinero de los impuestos al sistema de escuelas públicas, que está abierto a todos los estudiantes, que no discrimina a ninguno, que forja una sociedad auténticamente solidaria y que labora por el bienestar general.
